Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Colón de Carvajal

El pasado día 1 de julio entró en vigor la importante reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Respecto a su contenido en general, del que se ha modificado 252 artículos y suprimido 32, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes y se suprimen las faltas. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.


Procederemos a exponer las principales novedades:

PARTE GENERAL:

1. Prisión permanente (artículos 33, 35, 36, 76, 78 bis y 92 del Código Penal, de ahora en adelante CP).

La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad:

  • Asesinatos especialmente graves.
  • Homicidio del Jefe del Estado o de su heredero.
  • Homicidio de Jefes de Estado extranjeros o personas internacionalmente protegidas.
  • Supuestos más graves de muerte, agresiones sexuales en delitos de genocidio
  • Crímenes de lesa humanidad.
  • Muerte por atentado terrorista.

La revisión tendrá lugar tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, concretamente 25 años (art. 92 CP), cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza.

La revisión tendrá lugar siempre y cuando se cumplan los requisitos subjetivos de pronóstico individualizado favorable de reinserción, previa audiencia del Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. Para emitir dicho pronóstico se deben tener en cuenta las siguientes variables:

  • Personalidad del penado y antecedentes
  • Circunstancias del delito y relevancia de los bienes jurídicos afectados
  • Conducta durante el cumplimiento
  • Circunstancias familiares y sociales
  • Efectos que quepa esperar y medidas impuestas

2. Modificaciones en el ámbito de la persona jurídica (artículos 31, 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, regla 2º del art 66 bis, 33 del CP).

A) Delimitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», entendido como el incumplimiento grave del deber de supervisión sobre los trabajadores de la empresa y cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Sin embargo, en el caso de que la empresa cuente con un programa de prevención que reduzca el riesgo de comisión de delitos (compliance penal) y un órgano de supervisión de programa de prevención (compliance officer), quedará exento de responsabilidad penal.

Asimismo, se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

B) Delitos específicos
i. Administración desleal: se desplaza desde los delitos societarios a los patrimoniales, al entender que la víctima puede ser cualquiera y no sólo una empresa.

ii. Insolvencias punibles: se destaca el nuevo delito de concurso punible o bancarrota, configurado como un delito de peligro vinculado a la situación de crisis y perseguible sólo cuando se declara el concurso o se produce el sobreseimiento de pagos. Se prevé como agravante los supuestos en los que se causen perjuicios económicos de especial gravedad o en los que la mayor parte del crédito defraudado corresponda a deudas frente Hacienda o Seguridad Social.

iii. Corrupción en los negocios y en la Administración: se establecen agravantes cuando se trate de negocios de especial trascendencia, cuando queden acreditadas sustracciones de fondos públicos o se genere un daño económico a la Administración. De otra parte, se regula un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

iv. Propiedad intelectual: se endurecen las penas pasando del máximo de dos años a cuatro, en supuestos en los que se deriven graves perjuicios como la facilitación de acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet de forma no autorizada.

3. Suspensión de la ejecución de la pena (artículos 80 a 87, 90 a 94 bis del CP)

Considerando que no sea necesario que el penado cumpla toda la condena para evitar la reincidencia, cabe acudir a la suspensión de la ejecución de la pena, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:

  • Delincuentes primarios
  • Delitos con pena inferior a dos años
  • Satisfacción de la responsabilidad civil y decomiso

La resolución de la suspensión de la ejecución de la pena tendrá lugar en sentencia siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.

También se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.

4. Libertad condicional (artículo 90, 91 y 92 del CP)

Se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios y condenados a una pena corta de prisión. En estos casos, se adelanta la posibilidad de obtener la libertad condicional al cumplimiento de la mitad de la condena.
La libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena.

Se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Si el tribunal concede la libertad, fija un plazo de «suspensión» de la ejecución durante el cual el penado queda sujeto a condiciones: el incumplimiento de las mismas o la comisión de nuevos delitos determina –durante este período de suspensión– la revocación de la misma y el reingreso del penado en prisión.

5. Antecedentes penales (artículo 136 del CP)

La nueva regulación equipara los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Se modifica el artículo 136 del Código Penal para facilitar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos previstos para la cancelación de los delitos de mayor gravedad, que se elevan de cinco a diez años.

6. Prescripción (artículos 131, 132, 133, 134 del CP)

Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de la condena ya impuesta.

7. Decomiso (artículos del 127 a 127 octies del CP)

La regulación del decomiso es objeto de una ambiciosa revisión que introduce importantes modificaciones que tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos.

Las novedades afectan, especialmente, a tres cuestiones: decomiso ampliado, el decomiso sin sentencia; y el decomiso de bienes de terceros.

Decomiso ampliado (art. 127 bis CP): la regulación del decomiso ampliado (es decir, el decomiso de bienes procedentes de otras actividades delictivas del sujeto condenado distintas a los hechos por los que se le condena), es objeto de una profunda revisión que supone una extensión de su ámbito de aplicación.

En primer lugar, el decomiso ampliado ya no queda restringido a los casos de delitos de terrorismo y los cometidos en el marco de una organización o grupo criminal, sino que se extiende a otra serie de delitos, entre los que se incluyen algunos tipos penales referidos al Derecho penal de la empresa, destacando las insolvencias punibles, el blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, etc.

En segundo lugar, se incluye un listado abierto de indicios a valorar para declarar la procedencia delictiva de los bienes.

Se prevé igualmente un tipo de decomiso ampliado (facultativo) referido a los bienes procedentes de la actividad delictiva previa y continuada a los hechos objeto de condena, cuando se cumplan determinados requisitos.

Decomiso sin sentencia condenatoria (art. 127 ter): se amplían los supuestos en los que cabe el decomiso de bienes pese a que el sujeto no haya sido condenado. En particular, este decomiso podrá aplicarse, de modo facultativo, siempre que se acredite, en un proceso contradictorio, la situación patrimonial ilícita del acusado o del imputado contra el que existan indicios racionales de criminalidad, en los siguientes supuestos: a) que el sujeto haya fallecido o sufra enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista riesgo de prescripción de los hechos; b) que se encuentre en rebeldía y ello impida el enjuiciamiento de los hechos en un plazo razonable; y c) que no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse extinguido ésta.

Decomiso de bienes de terceros (art. 127 quater). La novedad principal es que el tercero de buena fe que haya recibido los bienes, efectos y ganancias de la actividad delictiva ya no está blindado contra su decomiso. El decomiso podrá ser acordado, no solo cuando los bienes hubieran sido adquiridos con conocimiento de su origen delictivo o de que con ello se dificultaba su decomiso, sino también cuando el adquirente, de haber sido diligente, habría tenido motivos para sospechar el origen ilícito de los bienes o que la operación tenía como objetivo dificultar su decomiso.

PARTE ESPECIAL:

1. Delitos contra la libertad sexual, protección de niños (artículos 129 bis, 182, 183, 183 bis, 183 ter, 183 quater)

Con la finalidad de incorporar las previsiones del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, debe agregarse la regulación de la inclusión de perfiles de condenados en la base de datos policial de ADN.

La regulación propuesta incluye un doble requisito: comisión de un delito grave contra la vida, integridad física o libertad sexual, y riesgo de reiteración delictiva, conforme a las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia.
Como novedad más importante, se eleva la edad del consentimiento sexual de los trece a los dieciséis años.

2. Intromisión en la intimidad (Artículo 197 del CP)

Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos, con el fin de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas conductas.

Una de las más relevantes a las que se ofrece respuesta es el supuesto en el que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal y su difusión, sin el consentimiento de la persona afectada, lesione gravemente su intimidad.

3. Delitos patrimoniales (artículos 234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 244 del CP)

La revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio tiene como objetivo esencial ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave.

Con esta finalidad se suprime la falta de hurto de forma que algunas pasan a ser infracciones administrativas con su correspondiente sanción en la Ley de Seguridad Ciudadana, mientras que otras pasarán a la vía civil y las demás integrarán la nueva categoría de delitos leves. Además, se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual.

Los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban como falta, se regulan ahora como delitos leves; pero se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación –en particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio–.

De este modo, se solucionan los problemas que planteaba la multirreincidencia: los delincuentes habituales anteriormente eran condenados por meras faltas, pero con esta modificación podrán ser condenados como autores de un tipo agravado castigado con penas de uno a tres años de prisión.

Se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicables a los delitos de robo con fuerza en las cosas, y se incluyen los supuestos de aprovechamiento de la situación de desamparo de la víctima, multirreincidencia delictiva, utilización de menores de dieciséis años y comisión del delito por miembro de una organización o grupo criminal, dedicados a la comisión de delitos de la misma naturaleza.

También modifica la definición de robo con fuerza, que pasa a incluir los supuestos en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín.

Y se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión (butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños causados.

Se regula como supuesto agravado el robo con violencia cometido en establecimiento abierto al público, que anteriormente no existía.

4. Propiedad intelectual (artículos 270, 271, 274 del CP)

En los delitos contra la propiedad intelectual destacamos que en la conducta típica actual consistente en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, se añade, para reforzar la protección que se quiere brindar, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose, además, el elemento subjetivo «ánimo de lucro» por el de «ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto», con el que se pretende abarcar conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio indirecto.

5. Corrupción en las Administraciones Públicas (artículos 286 bis, 286 ter, 286 quater, 288, 304 bis, 304 ter, 306, 308 bis del CP)

Se introducen determinadas modificaciones para reforzar la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la Administración pública.

De una parte, se establece una previsión especial en materia de libertad condicional: podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que hubiere sido condenado. Con ello se pretende que los condenados a penas privativas de libertad por delitos contra la Administración pública, cuando se haya acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, no puedan acceder al beneficio de la libertad condicional si no han procedido a la correspondiente reparación económica.

Por otro lado, se revisan las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción en el ámbito de la Administración pública, con el fin de elevar las condenas previstas en la actualidad.

Se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero).

La reforma lleva a cabo el aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

6. Violencia de género (artículos 22.4, 208, 173.2 del CP)

En materia de violencia de género y doméstica, se llevan a cabo algunas modificaciones para reforzar la protección especial que actualmente dispensa el Código Penal para las víctimas de este tipo de delito. Se amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada.

Otra previsión destacable en esta materia es la corrección que se introduce en materia de imposición de penas de multa, con el fin de que no genere consecuencias negativas en el ámbito familiar.

7. Atentados (artículo 556 del CP)

Se introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre el agente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave.

Los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente.

En relación con las faltas de consideración y respeto a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, pasan a ubicarse en el segundo párrafo del artículo 556 del Código Penal, como delito leve.

Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad, los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública.

8. Matrimonios forzados (artículo 172 bis del CP)

Se tipifica el matrimonio forzado para cumplir con los compromisos internacionales suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos.

9. Delitos contra la libertad (artículo 172 ter del CP)

Se introduce un nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas.

Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.

10. Medio ambiente (artículos. 337, 337 bis, 353 del CP)

Desaparece la falta de abandono de animales domésticos para pasar a constituir un tipo atenuado del maltrato de animales.

Se aumentan las penas para los casos de incendios de mayor gravedad. Además de introducirse nuevos agravantes aplicables a los casos especialmente lesivos para el medio ambiente o generadores de un peligro de carácter elevado. Se incluye la posibilidad de imponer al responsable del incendio actuaciones orientadas a reparar el daño causado.

Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. A partir de ahora, los incendios pasan a ser competencia de tribunales integra de órganos jurisdiccionales ordinarios.

RÉGIMEN TRANSITORIO:

Lo más relevante viene determinado en la Disposición Transitoria primera, conforme a la cual, los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor del nuevo Código se juzgarán conforme al antiguo CP. No obstante, si las disposiciones del nuevo Código son más favorables para el reo, se aplicarán éstas.