Jornada Compliance 9 de Enero 2017

El pasado lunes 9 de enero, tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid la Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Empresas organizado por ACOFES (Asociación de Compliance Officers de España) y de la que fue patrocinador Colón de Carvajal Abogados.

La Jornada fue inaugurada por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien insistió en que las reformas que se están llevando a cabo suponen una adaptación a las exigencias del mercado para que las empresas ofrezcan mayor confianza a su red de colaboradores y ser así más competitivas.

A la misma asistieron como ponentes Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, así como un Fiscal de la Audiencia Nacional y un Fiscal Anticorrupción.

En las ponencias se habló de lo novedoso de la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, que supone la abolición de la expresión latina “societas delinquire non potest” con todas sus consecuencias, entre las que destaca la absoluta necesidad de implementar un Programa de Cumplimiento Penal en las empresas, para evitar o aminorar las penas. Y ello precisamente, por lo “resbaladizo” de la materia, por la escasa práctica y jurisprudencia al respecto, el hecho de tener implantado en la empresa un Programa de Cumplimiento Penal dota de mayor seguridad a la compañía frente a posibles investigaciones penales frente a ésta.

En este sentido, se citaron varios pronunciamientos del Tribunal Supremo en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015, nº 514/2015 en la que finalmente se absolvió a la persona jurídica por haber absuelto igualmente a la persona física al no apreciar la Sala la existencia de delito (en aplicación del artículo 903 Lecrim); la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016, nº 154/2016; ó la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016, nº 221/2016, en la que igualmente se absuelve a la persona jurídica, esta vez por no haber sido imputada previamente en la causa y consecuentemente haber visto limitado su derecho a la defensa. En esta última se establecen los requisitos para poder condenar a una persona jurídica, que son:

  1. Como antecedente, la comisión de un delito por una persona física.
  2. Acreditar un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad por parte de la empresa. Esta circunstancia deberá ser acreditada por la acusación.
  3. La imposición de penas a las personas jurídicas sólo puede apoyarse en la previa declaración como probado de un hecho delictivo propio.
  4. La responsabilidad de las personas jurídicas sólo puede declararse después de un proceso penal con todas las garantías.

Así, para poder acreditar el cumplimiento del deber de supervisión, vigilancia y control por parte de la empresa, esta deberá tener implantado un Programa de Prevención de Delitos que, además, deberá ser individualizado y estar realizado conforme a la actividad y necesidades concretas de cada entidad.

También se abordaron en la Jornada otros aspectos, como las cuestiones procesales a tener en cuenta con las personas jurídicas, o las funciones del Compliance Officer entre las que cabe destacar la de implantación, supervisión, gestión y revisión del Plan de Prevención Delictivo; gestión del Canal de Denuncias, o el control y la evaluación periódica interna.

El interés que suscita la materia empieza a ser notable, ya que las empresas que tienen una presencia considerable en el mercado y cierto reconocimiento en su sector, están tomando nota de la importancia de contar entre sus normas internas con un Programa de Cumplimiento Penal, pero no ya sólo por las consecuencias punitivas, sino por el temido riesgo reputacional, que una imputación/condena supone para el ejercicio normal de su actividad.