El impago de la pensión de alimentos será considerado como violencia de género

Colón de Carvajal

La magnitud del incumplimiento de las sentencias que fijan pensiones en los casos de rupturas matrimoniales constituye un problema que genera, en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, graves dificultades y perjuicios para las familias afectadas. El no pagar las pensiones representa un problema serio que se tendría que solucionar desde las Administraciones Públicas.

La posible solución a este problema parece más clara desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, al establecer en la Disposición Adicional 19ª la creación de un Fondo para garantizar el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial.

A tal fin, el Gobierno de Baleares ha incluido una medida pionera en este asunto, en el borrador de la Ley de Igualdad, que será puesta en marcha a partir de 2.016, negarse a pagar la pensión de alimentos será considerado violencia de género.

La medida consistirá en el pago por parte de la Administración de una renta social a las mujeres que denuncien a sus exmaridos por impago, siempre y cuando tengan ingresos suficientes para pagarla y se nieguen a ello. El importe será de 500 € mensuales si tiene un hijo y de 640 si la mujer tiene dos hijos a su cargo.

Además la futura Ley de Igualdad también establecerá la obligatoriedad por parte de la comunidad autónoma de tener un número de plazas por ratio determinadas en centros de acogida

El impago de dichas pensiones es constitutivo de delito, tipificado en el artículo 227.1 del Código Penal, siempre y cuando concurran una serie de requisitos.

El precepto citado, establece que “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”. Sin embargo, para que pueda aplicarse efectivamente dicho precepto y el impago pase a ser considerado delito se exige la concurrencia de una serie de elementos.

Para que sea delito debe cumplirse lo siguiente:

  • Tiene que haber una resolución judicial firme que obligue a dar alimentos. La pensión puede haber sido establecida en la sentencia de divorcio, separación, nulidad, filiación o en un procedimiento de medidas paternofiliales. También se puede establecer por un convenio regulador firmado por los padres, ratificado en sede judicial y aprobado judicialmente.
  • Se tiene que dar una conducta omisiva, es decir, el incumplimiento del pago al que se ha hecho ya referencia, tipificado en el Código Penal.
  • Hay que apreciar voluntariedad en el incumplimiento, una conducta dolosa. Esto quiere decir que el progenitor que debe abonar la pensión de alimentos tiene que conocer dicha obligación y que, a pesar de ello y de manera voluntaria, decide no pagar.

Este último requisito queda excluido ante la denominada “presión por deudas”, Así, no es posible sancionar conductas al amparo del artículo 227 CP en aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento, siempre y cuando se acrediten la falta de recursos económicos para hacer frente a la pensión alimenticia, resaltando la voluntad de cumplir con la obligación alimenticia, pese a la insuficiencia económica.

Lo cierto, es que tener hijos implica una responsabilidad de por vida. La manutención de la prole es una obligación del padre y de la madre obvia, de la que muchos progenitores se desentienden. Finalmente, se trata de un problema de catadura moral.

Noviembre 2.015