Delitos informáticos y competencia judicial: principio de ubicuidad

Maria Montealegre Moya

Para la persecución de determinados delitos cometidos por medios informáticos, es habitual que se planteen problemas a la hora de determinar el lugar de comisión de los mismos. Habida cuenta que la acción delictiva se realiza desde un lugar o territorio que en la mayoría de las ocasiones desconocemos, a través de un ordenador u otro dispositivo con acceso a internet y que puede re-direccionar a través de diversos servidores ubicados en distintos países, produciendo efectos en diversos lugares o países.

Por tanto, ello puede dar lugar a una discusión de competencia territorial que sólo produce demoras y dilaciones en la tramitación de las distintas causas.

El TS viene considerando que el delito informático, que normalmente se comete desde un ignorado lugar y produce sus efectos en diversas ubicaciones geográficas, es perseguible en todos y cada uno de los sitios donde se manifiestan sus efectos, lo que incluye tanto el lugar de la acción como el del resultado.

Para evitar la proliferación de cuestiones de competencia, el Pleno no Jurisdiccional de la Sala II del TS en reunión de fecha 3 de febrero de 2005 adoptó el acuerdo según el cual:

“el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa”.

Con ello, se consagra la vigencia del Principio de Ubicuidad como criterio decisivo para evitar distintos cuestionamientos entre jueces de idéntica competencia objetiva.

Esta regla se establece de forma inicial, toda vez que, conforme vaya avanzando la investigación de la causa, se llegara a determinar el lugar geográfico concreto desde el que se introdujeron los datos delictivos en la red, cabe la inhibición a favor del Juez así determinado, ello conforme a la regla general del art. 14 de la L.E.Cr.

En tal sentido, ya se aplicó esta doctrina en el Recurso 20155/2006, Auto de 20 de septiembre de 2006. Se trataba de una estafa cometida por Internet y se acordó que era competente el Juzgado núm. 2 de Getxo, por ser el juzgado que primero inició la investigación, coincidente con el del domicilio de la víctima. Se trataba de la compra de unos sintonizadores por Internet, el domicilio del proveedor estaba en Zaragoza, habiendo efectuado la víctima con domicilio en Getxo el abono correspondiente en la c/c de la empresa estafadora.

Por otro lado, respecto del delito de injurias cometido en un foro de internet, el Auto del TS de 12 de enero de 2012 (Rº 20591/11), atribuyó la competencia, en base al principio de ubicuidad, al Juzgado en el que se habían iniciado las actuaciones (lugar del domicilio del tercer denunciante y ofendido y lugar donde se reciben las ofensas). Dicha resolución vino a establecer expresamente que:

“el criterio de que en los delitos cometidos a través de internet serán competentes los juzgados en los que se haya introducido en la red los contenidos delictivos, se refiere a los delitos de pornografía infantil, pero siempre ha sido matizada cuando nos encontramos con delitos de diferente naturaleza como en el caso que nos ocupa de las injurias ya sea vía internet o telefónica, al igual que en el caso de los daños informáticos, delito de resultado que no se comete desde donde se lanza el ataque sino donde se produce los daños, se destruye el sistema operativo o se contaminan los archivos”

Por último, considero importante reflejar brevemente, que en los delitos informáticos, siguiendo la doctrina emanada del TS, bastaría con conocer la dirección IP (identificación indirecta) del responsable del delito para tener por interrumpida la prescripción.

A grandes rasgos, la dirección IP (acrónimo de Internet Protocol) es un número (consta de cuatro series de números enteros entre 0 y 255) que identifica a una interfaz (elemento de conexión/comunicación) de un dispositivo (ordenadores habitualmente) dentro de una red que utilice el protocolo TCP/IP para identificarse entre ellos. Por tanto, todo ordenador que está en línea tiene una dirección IP, sin embargo no identifica por sí al usuario. Aunque por su parte, la AEPD en su informe 327/03 concluye que las direcciones IP tanto fijas como dinámicas, con independencia del tipo de acceso, se consideran datos de carácter personal resultando de aplicación la normativa sobre protección de datos.

Sin embargo, el TS considera que estos datos no se encuentran protegidos ni por el art. 18.1 CE, ni por el art. 18.3 CE (SSTS nº 292/2008, de 28 de mayo; y 776/2008, de 18 de noviembre) ya que dichos datos no son secretos puesto que el partícipe de la comunicación los aporta voluntariamente al integrarse en la red y no conectan personas, sin que se vulnere por tanto el derecho al secreto de las comunicaciones ni el derecho a la intimidad personal.

Distinto es el caso en el que para acceder a una información sobre IP sea necesario oficiar a una operadora. En este último supuesto, sí debe considerarse necesario obtener autorización judicial conforme a las previsiones de la Ley 25/2007 (SSTS nº 292/2008, de 28 de mayo, 236/2008,de 9 de mayo, nº 680/2010, de 14 de julio).

De cualquier manera, tras la averiguación del IP, las subsiguientes actuaciones de identificación y localización de quién sea la persona que tiene asignado ese IP se deben llevar a cabo bajo control judicial.

Para cualquier consulta sobre este u otros temas puede contactar con nosotros aquí.

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Especialista en derecho internacional y en comercio exterior.

Maria integra el equipo de práctica internacional de la firma, desarrollando su actividad habitual en el ámbito del derecho privado y en operaciones de corporate.

Es Licenciada en Derecho, Máster en instituciones de la Unión Europea por el Instituto Europeo de Bilbao, y Máster en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid.

María habla inglés con fluidez y ha iniciado el estudio del idioma chino mandarín, en el que actualmente posee el nivel HSK2.

Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 2013.